28-09-2021

LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE LA PALMA: ANÁLISIS JURÍDICO.


Hablaremos sobre cómo actuará el Consorcio de Compensación de Seguros con los daños derivados de la erupción y los requisitos para que el organismo proporcione indemnizaciones a los afectados, así como de la situación jurídica de los llamados ‘malpaíses’ y del posible terreno ganado al mar.

Como todos sabemos, desde hace cincuenta años, en 1971, cuando entró en erupción el volcán del Teneguía, en la isla de La Palma, no éramos testigos de una erupción en España, a excepción de la erupción submarina de la isla de El Hierro de 2011; hasta el 19 de septiembre de 2021, día en el que el volcán de Cumbre Vieja, en la misma isla, se activó.

Desde la primera explosión se instauró una gran preocupación por los daños que causaría la lava que comenzaba a expulsar. A los pocos días de la erupción, al menos una treintena de casas había desaparecido, y tras una semana, ya eran casi quinientas las viviendas que se había tragado la lava.

La inquietud normal de todos ante una situación histórica de tales características era aún mayor para los vecinos de la zona afectada en el oeste de La Palma, que tenían que abandonar sus viviendas y ver cómo, poco a poco, y sin poder hacer nada, los ríos de lava se dirigían hacia ellas, hasta que las alcanzaba y derruía.

Además de dejar atrás sus recuerdos, y de tener que empezar de cero, se preguntaban, obviamente, quién se iba a hacer cargo de esos daños. Pues bien, ante tal evento, es importante recordar qué es el Consorcio de Compensación de Seguros y cómo actúa.

El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública con personalidad jurídica propia dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuyo Consejo de Administración está formado por siete altos directivos de entidades aseguradoras y siete altos cargos de la Administración.

Se encarga de indemnizar riesgos derivados de daños extraordinarios, como fenómenos naturales o de incidencia política y social; asume la cobertura de los casos del seguro obligatorio de automóviles cuando dicho vehículo no tiene seguro o ha sido robado, entre otros, protege a los agricultores ante siniestros climatológicos mediante el seguro agrario combinado, y tiene encomendada la liquidación de entidades aseguradoras.

Claramente, en el presente artículo analizaremos el primero de los cometidos del organismo teniendo en cuenta los hechos desarrollados al inicio, es decir, en qué casos procederá la indemnización a los afectados por la erupción como daño extraordinario.

Primero hay que tener en cuenta que es requisito indispensable para ser beneficiario de la indemnización haber suscrito un contrato de seguro que cubra la vivienda y que, obviamente, el mismo esté en vigor y al corriente de pago, si no, habrá que esperar a las ayudas que se puedan aprobar.

Igualmente, hay que tener en cuenta la inscripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad, para acreditar la existencia de la casa, y su construcción cumpliendo la legislación vigente. En caso contrario, la construcción sería ilegal, y como en el caso anterior, se tendría que esperar a que se aprobasen las ayudas y que, derivado de ello, se admitiera la concesión de alguna indemnización también para estas viviendas y locales ‘ilegales’, cuya existencia tendrá que ser acreditada mediante fotografías u otros medios análogos.

Una vez que tenemos en cuenta las anteriores formalidades, se tendrá que delimitar el terreno afectado por el magma una vez que el volcán deje de expulsar material y este se enfríe, y esperar a que los peritos puedan analizar caso a caso. Claramente, en la mayoría de las edificaciones se tendrá que atender a la documentación registrada y demás pruebas de ese tipo para realizar una valoración. No se podrá acceder a ellas por encontrarse bajo la lava.

Hay que tener en cuenta que la erupción va a modificar la realidad física de La Palma. En este caso se deben citar dos elementos: los ‘malpaíses’, que son las lenguas de lava una vez que se enfría esta; y el posible terreno ganado al mar al final de estos, si finalmente la lava llega al Atlántico.

Pues bien, aunque legalmente los terrenos privados bajo la lava seguirán siendo privados y propiedad de los vecinos, en la práctica todo apunta a que serán declarados zona protegida y por tanto pasará a ser propiedad del Estado. La retirada de la lava es a todas luces imposible. No obstante, por dar algo de esperanza, a largo plazo signifique tierra más fértil y rica.

Por tanto, además de estar viviendo un hecho trascendental tanto para la historia como para la idiosincrasia de un pueblo de nuestro país que aúna claramente catástrofe y fascinación, nos encontramos con un suceso cuyo análisis jurídico resulta como se ha podido comprobar muy interesante.

Álvaro Gutiérrez

Abogado DS Legal Group