02-11-2021

VACUNAN A UN ANCIANO INCAPAZ PESE A LA NEGATIVA DE SU HIJO 


El pasado 14 de octubre amanecimos con una resolución por parte de nuestros tribunales e instancias superiores, según la cual, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado la decisión de un Juzgado de las islas que autorizaba la vacunación contra la Covid-19 a un anciano incapacitado para decidir por sí mismo en contra del criterio de su hijo, como su tutor legal, que no presto su consentimiento a que fuera vacunado contra el virus. 

En la actualidad, el consentimiento informado ha realizado un gran recorrido histórico, situándose en un punto fundamental en la práctica médico-sanitaria habitual, siendo el fundamento de este, tal y como expresa la Ley 41/2002, la Autonomía y Autodeterminación como derecho adquirido de los pacientes.  

Para llegar al momento actual, ha sido precisa una evidente evolución no solo legislativa, sino también bioética y sociocultural. De manera gradual los pacientes han ido adquiriendo una posición más protagonista, que antaño en la toma de decisiones relacionadas con su salud, conllevando el abandono definitivo del modelo paternalista instaurado hasta este momento. Si bien es cierto que este modelo ha retrasado la percepción del derecho de autonomía en el ámbito sanitario. No obstante, en la actualidad, el consentimiento informado se encuentra estructurado como elemento necesario para una buena actuación médica y también como causa de un gran número de procesos judiciales en los últimos años.  

Jurídicamente, en España, la libertad aparece como un derecho fundamental en el artículo 17 de la Constitución Española de 1978.  

«1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley»  

Por tanto, y en relación con el precepto indicado, queda ya establecido que el paciente que da su consentimiento, lo hace libremente y de manera voluntaria, invalidándose aquel consentimiento obtenido bajo el dolo o coacción.  

Asimismo, el Código civil nos manifiesta que, la persona que lo presta debe estar capacitado para ello, que, traducido para el caso del consentimiento informado, estaríamos hablando de aquella persona que, dentro de su libertad y capacitación intelectual, es capaz de comprender la información que se le traslada y de manera libre acepta, asumiendo los condicionantes, riesgos y complicaciones que puede llegar a entrenar el proceso medico asistencial del que se trate.  

Por ello, habrá que ser especialmente cuidadoso y permitir que el paciente tome la decisión de manera independiente, sin coacciones o manipulaciones, que desvirtúen su capacidad de análisis y decisión.  

No siempre se va a poder darse la información a la persona sobre la que va a realizarse el procedimiento médico, como el caso que ha resuelto la Audiencia Provincial de Las Palmas. Para estos supuestos la ley prevé una seria de premisas en los que podrá actuarse sin el consentimiento del paciente, o su representante legal, siendo varias circunstancias las previstas en el artículo 9 de la Ley de Autonomía del paciente donde se tratan estos límites del consentimiento por representación, siendo en el caso que nos ocupa el consentimiento por imperativo legal, el cual, no vendría específicamente redactado en la Ley de Autonomía, existiendo situaciones donde es por este imperativo legal que se realiza uno u otro procedimiento pese a no tener el consentimiento del paciente o tutor, cuando la decisión del representante vaya en perjuicio del incapaz y se vulneré el principio de beneficencia del paciente.  

En este sentido y acudiendo al art 9 de la Ley 41/2002 ha resuelto de manera coherente la Audiencia Provincial de Las Palmas, en contra de la negativa del hijo del residente, recordando además que la norma establece que aquellas decisiones que sean contrarias a los intereses para la vida y salud del paciente “deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución judicial correspondiente“. Se indica que, a la luz de este postulado, la única perspectiva a ponderar en el caso de proceder a la vacunación del anciano incapaz “es la individual del paciente, es decir, la identificación de la mayor protección o el mayor beneficio de la salud del residente, debiendo quedar al margen cualquiera otra consideración“.  

Por ello, concluye que la administración de la vacuna supone, desde la perspectiva del interés individual y protección para la vida y la salud del mismo, “un beneficio incontestable, mucho mayor que los riesgos que supondría la no administración de la misma, teniendo en cuenta que, si bien no se trata de una persona que por sus patologías esté en un grupo de riesgo, sí lo está por estar en régimen cerrado en una residencia, rodeado de decenas de internos, y con el tráfico de personas diversas, personal, médicos, familiares… lógico en una residencia“. 

 

Ángel Ramos Capacés 

Abogado de DS Legal Group