17-11-2021

Nueva ley de la vivienda, puntos claves antes de su entrada en vigor


El pasado 26 de octubre el Gobierno presentó la futura Ley por el Derecho a la Vivienda, como una “potente herramienta para luchar contra la desigualdad, marginalidad y la exclusión”; Pero ¿Qué pretende esta nueva ley? De acuerdo con el ejecutivo la futura ley pretende aumentar el parque de vivienda pública y combatir las subidas abusivas de los precios.

La referida ley que ve la luz 8 meses después de lo pactado por los socios de gobierno comprende los siguientes puntos clave:

  • La impulsión de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. De esta forma, se reserva un 30% del suelo urbanizable al parque público, debiéndose reservar el 50% de esta cifra a vivienda en alquiler.
  • Ventajas fiscales. Con el fin de conseguir bajar el precio de los alquileres se ha anunciado grandes incentivos fiscales. Entre ellos, un porcentaje de reducción del 50% del IRPF para los pequeños propietarios (con menos de 10 viviendas en su poder) que podrá incrementarse en función de criterios como la bajada de la renta en una zona tensionada o el alquiler por primera vez de viviendas en esas áreas a jóvenes de 18 a 35 años.
  • Impuestos a las viviendas vacías. Con esta nueva Ley, se introduce la posibilidad de que los ayuntamientos puedan aplicar un recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas que hayan permanecido vacías durante más de dos años, pero únicamente si el propietario tiene cuatro o más viviendas en el mismo municipio.
  • Regulación de los desahucios. Por medio de esta Ley el ejecutivo pretende agilizar la comunicación entre los jueces y los servicios sociales para el caso de desahucios en situaciones de vulnerabilidad, con el fin de que se de una respuesta habitacional a las familias afectadas. Por otro lado, se amplia el periodo de suspensión de los lanzamientos hipotecarios de uno a dos meses cuando el titular propietario de la vivienda sea una persona física y de tres a cuatro meses cuando sea una persona jurídica.
  • Protección de la vivienda pública. La nueva ley impide la venta del parque público de vivienda social a fondos de inversión, quedando protegido de manera permanente. Se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida garantizando siempre un periodo de 30 años. Y se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, que es aquella vivienda de propiedad privada a la que se otorgan determinados beneficios fiscales o de otra índole, con la condición de que sea destinada a vivienda de alquiler a precio reducido.
  • Zona tensionada. Se permitirá a las comunidades autónomas en unión con los ayuntamientos declarar zonas de mercado residencial tensionadas por una duración mínima de tres años, cuando el precio medio de alquiler en la zona sea de más del 30% de los ingresos medios de los habitantes de la zona en cuestión, y el precio medio del alquiler haya crecido en los últimos cinco años más de cinco puntos por encima del IPC.
  • Gran tenedor. Se introduce este concepto como aquella persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie de más de 1500 metros cuadrados. De esta forma, y en el caso de los grandes tenedores la renta de los nuevos contratos suscritos en áreas declaradas tensionadas estará limitada por el precio del contrato anterior o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de referencia, que también se deberá crear.
  • Ayudas a los jóvenes. Asimismo, y con esta nueva Ley se incluirá la creación de un “bono joven” de vivienda dotado con 250€ mensuales durante dos años, que beneficiará a jóvenes de entre 18 a 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725€, y entrará en vigor en enero. Sin embargo, esta ayuda sólo se dará si los contratos de alquiler no superan 600€ mensuales.

De esta forma, para llevar a cabo los puntos clave que se con la aprobación de esta nueve Ley de la Vivienda, será necesaria la colaboración estrecha entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, lo que sin duda se pretende como un gran reto para estas administraciones, si quieren conseguir los objetivos de esta.

Margarita García Sánchez

Abogada DS Legal