11-01-2022

¿Pueden las empresas solicitar al trabajador el certificado Covid en España?


A día de hoy, en España, es inviable jurídicamente solicitar al trabajador el certificado COVID para acudir a sus puestos de trabajo en las empresas. A diferencia de países vecinos, como son el caso de Francia o Italia donde sí gozan de un marco jurídico en el que pueden encajar este tipo de medidas, en España ello conllevaría una vulneración de derechos fundamentales, y los tribunales podrían encontrarse ante multitud de reclamaciones. Empezando porque la vacunación en España no es obligatoria, como podemos ver si acudimos a nuestra la legislación vigente:

  • Artículo 2 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
  • Derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación por razón de opinión u otra condición.
  • La salud e integridad personal recogidos en los artículos 14 y 15 de nuestra Constitución.

A esto se suma la dificultad de legislar por el método suceso-reacción; y la falta de una Ley Estatal de Pandemias como paraguas legal a partir del cual poder tomar medidas. Como ejemplo de ello, podemos hablar del caso de la Xunta de Galicia, donde el gobierno autonómico gallego ha visto cómo su Ley de Salud obliga a la inoculación de aquellas personas en situación de grave riesgo para la salud pública ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional. Ello ha proporcionado una sentencia que alumbra el camino, en tanto en cuanto esta medida tomada por el gobierno gallego no encajaría en los requisitos contemplados en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Y, por tanto, no ha encontrado amparo considerando la inoculación forzosa como una “intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano” pudiendo “provocar perjuicios ciertos y efectivos” que pueden resultar irreparables, o de difícil reparación.

En nuestro marco normativo también contamos con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales, para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.  En ella, se impone al empresario la obligación de tomar aquellas medidas que protejan al trabajador. Sin embargo, la imposición del certificado Covid como medida de prevención tomada por el empresario para protección de los trabajadores, entraría en contraposición con el derecho fundamental a la salud e integridad física haciéndolo inviable.

La única vía por la cual se podría obligar al trabajador a presentar el certificado Covid para acudir a su puesto de trabajo sería a través de una Ley de carácter Estatal, puesto que nuestra Constitución en su artículo 43 sí dota al Estado del derecho a la Protección Pública. Su organización y tutela se haría a través de medidas preventivas, siempre y cuando se desarrollase con proporcionalidad, y adecuada justificación. Ya que, a pesar del artículo 43, seguiría entrando en contraposición con el artículo 14 ya mencionado; suponiendo un recorte de libertades.

Además, para el caso en que se desarrollase una ley estatal donde sí tuviese encaje el certificado Covid, ésta tendría que contar con el respaldo y la aprobación de los Tribunales; a quienes corresponde ponderar la necesidad y proporcionalidad del instrumento y, en definitiva, la justificación de tal Ley.

Hoy por hoy, sólo sería posible en España obligar al trabajador a presentar el certificado Covid a través de un nuevo decreto de estado de alarma, que regule las medidas preventivas y modifique la ley orgánica 3/1986 de medidas especiales de salud pública, para regular la vacunación obligatoria.

Guillermo Ruiz Valero

Abogado de DS Legal Group