25-02-2022

LA CARTA DE DERECHOS DIGITALES: UN PASO HACIA LA SEGURIDAD DEL CIBERESPACIO


Desde sus inicios y de forma reiterada por sus miembros, el ciberespacio ha sido declarado un espacio independiente, sin fronteras y con canales de comunicación propios.

A lo largo de los años, se ha luchado por establecer un marco normativo para la persecución de la ciberdelincuencia, asegurar las relaciones comerciales y garantizar los derechos tanto de prestadores de servicios como de usuarios; pero siempre manteniendo la neutralidad del ciberespacio.

Si bien en un inicio la normativa se encontraba enfocada a garantizar el comercio electrónico, esta tendencia ha ido evolucionando hacia una normativa enfocada a los usuarios.

Tanto a nivel europeo como nacional, se han ido regulando aquellas materias más afectadas por la creación de este nuevo espacio. Así, destacaríamos la normativa relativa a los servicios de la sociedad de la Información, propiedad intelectual e industrial, protección de datos personales, la regulación del acceso a internet y los servicios de comunicación electrónica. Así como la normativa sobre prevención y resolución de los conflictos de jurisdicción penal.

Sin embargo, en cuestión de una década hemos pasado de vivir en una sociedad donde las nuevas tecnologías y el ciberespacio eran un complemento de nuestra vida diaria – un chat al que acudir al final del día o una web para consultar información sin acudir a gigantescas enciclopedias – a vivir en una sociedad en la que son parte esencial de nuestro día a día. La pandemia por la Covid-19 ha provocado que el proceso de creación y potenciación de las nuevas tecnologías, y el ciberespacio, se haya acelerado hasta tal punto que la mayoría de los sectores se han digitalizado.

Todo ello nos abre un mar de posibilidades, sin embargo, la ausencia de fronteras y la consideración del ciberespacio como un espacio independiente provoca que la vulneración de los derechos más esenciales de todo ciudadano esté al alcance de cualquiera.

¿Alguna vez habéis hablado de un tema con alguien y acto seguido en vuestro móvil os ha aparecido publicidad sobre ello sin realizar ninguna búsqueda previa? A esto nos referimos hoy. El ciberacoso, las estafas, el uso de nuestros datos personales sin control, los permisos de privacidad y seguridad, las cookies o la dificultad para la conciliación entre la vida familiar y laboral están a la orden del día.

La normativa vigente respecto al ciberespacio y las nuevas tecnologías, como hemos indicado, regulan materias muy concretas, dejando de lado el núcleo normativo de todo Estado democrático: los Derechos Fundamentales.

Es por ello que, en julio de 2021, se hizo pública la Carta de Derechos Digitales realizada por el Grupo asesor de Expertos constituido por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España. Esta Carta parte de los Derechos Fundamentales recogidos en la Constitución Española, es decir, no crea nuevos Derechos, sino que reafirma los ya existentes extrapolándolos al ámbito digital.

Dicha Carta no tiene carácter normativo por cuanto como decimos, no crea nuevos Derechos, pero sí establece un marco de referencia. Esto supone un paso hacia la creación de un marco normativo digital que garantice los derechos de los ciudadanos y usuarios en el ciberespacio. En la mencionada Carta encontramos los siguientes Derechos:

  1. Derechos de Libertad tales como la propia identidad en el entorno digital, la protección de los datos personales, la garantía de las actuaciones bajo un pseudónimo, el derecho de no ser localizado y no analizar la personalidad o conducta de los usuarios, la ciberseguridad y la inclusión de los bienes y derechos digitales en la herencia.
  2. Derechos de Igualdad tanto desde el punto de vista del acceso a Internet, como de la protección de los menores de edad como usuarios más vulnerables.
  3. Derechos de participación y conformación del Espacio Público, cuyo objetivo es garantizar la neutralidad de internet, la libertad de expresión e información y, al mismo tiempo, el derecho de recibir información veraz. También abarca, desde el punto de vista de la Administración, el derecho de participación ciudadana y la educación por medios digitales. Así como las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas.
  4. Derechos del entorno laboral y empresarial tendentes a garantizar los derechos en el ámbito laboral, que tan evolución digital ha tenido tras la pandemia.
  5. Derechos Digitales en entornos específicos abarcando materias tan vanguardistas como la investigación científica, estadística, innovación y las ‘neurotecnologías’.

Por último, encontramos el apartado de “garantías y eficacia” de la Carta. Este apartado dispone que los Derechos recogidos en ella serán contemplados en futuras disposiciones normativas, las cuales dentro de su competencia asegurarán los Derechos que les correspondan dotándolos de la fuerza normativa necesaria, asegurando su reconocimiento por la Administración de Justicia y estableciendo “mecanismos de autorregulación, control propio y procedimientos de resolución alternativa de conflictos”.

A priori, podríamos pensar que la ausencia de carácter vinculante del mencionado escrito no supone avance alguno, pero no debemos olvidar que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se hizo pública por primera vez en Niza en el año 2000, no siendo considerada hasta nueve años más tarde como Derecho Primario u Originario de la Unión Europea a través del Tratado de Lisboa. Siendo reconocida por todos los Estados Miembros, así como aplicado por la Justicia Europea y Nacional.

 

María del Rocío Quesada Filigrana.

Abogada de DS LEGAL GROUP