16-03-2022

LA SOCIEDAD Y SUS ADMINISTRADORES TRAS EL FIN DE LA MORATORIA CONCURSAL


Desde que se declaró el 14 de marzo de 2020 el estado de alarma, se han promulgado varias normas destinadas a la protección de las empresas que pudieran quedar afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. Entre las diferentes medidas adoptadas, se encuentra la “Moratoria Concursal” que tras una serie de prórrogas se ha establecido su vigencia hasta el próximo 30 de junio de 2022.

La Moratoria Concursal establece que, mientras duren las medidas económicas para apoyar la recuperación, no hay obligación por parte del deudor de presentar el concurso voluntario de acreedores ni, a su vez, los acreedores podrán solicitar el concurso necesario de su deudor. El Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, así lo recoge en su artículo 3.1 de Modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, quedando redactado el artículo 6 en los siguientes términos:

              “Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores.

  1. Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la Ley Concursal comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.
  2. Hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.”

En el transcurso de la actividad empresarial, durante el periodo de crisis pandémica, es muy probable que la situación económica del deudor, tras asumir nuevas obligaciones, haya agravado su estado de insolvencia o haya podido incluso cerrar su propia sociedad por no poder afrontar el pago de sus obligaciones.

Es importante señalar que, los administradores de la sociedad no están exentos del cumplimiento de sus deberes de diligencia y lealtad al interés social. Y, por ello, no quedan exonerados de responsabilidad frente a sus acreedores si la situación patrimonial de la empresa empeorase tras haber dejado de cumplir sus obligaciones con la sociedad, o la dejasen inactiva por desidia o en espera de una recuperación de su situación.

Los administradores concursales de toda España aseguran que las previsiones de empresas en concurso de acreedores siguen en aumento y vaticinan que, una vez llegue el fin del plazo de la moratoria concursal prevista para el 30 de junio de este año, saldrán a la luz los verdaderos efectos de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Surgiendo un aumento desmesurado de nuevos concursos, ya que muchas empresas han continuado activas solo gracias a las medidas de apoyo adoptadas, y todo ello producirá la consiguiente saturación de los juzgados de lo mercantil.

Llegado el momento de presentar el concurso, tras el fin de la moratoria, puede ocurrir que el mismo se califique como culpable por:

  • Haber retrasado la solicitud de concurso, acogiéndonos a la moratoria concursal una vez nos encontrábamos ya en situación de insolvencia y, durante este periodo, ésta se haya agravado.
  • Haber generado el agravamiento de la insolvencia por no cumplir con sus deberes de diligencia y lealtad durante el periodo de moratoria concursal.

Ambas situaciones pueden tener efectos económicos graves para la figura del administrador, pudiendo inclusive llegar a responder de las deudas con su patrimonio personal.

En conclusión, a la vista de lo acontecido, recomendamos anticiparnos y tomar medidas lo más pronto posible mediante la aplicación de un mecanismo preconcursal o tramitar el concurso para garantizar la viabilidad de nuestra sociedad y proteger a los administradores de ésta y su patrimonio. Y no continuar asumiendo obligaciones si no vamos a poder afrontar las mismas, no llegando a agotar el plazo establecido del fin de la moratoria.

Álvaro Segura García
Abogado DS Legal Group