22-03-2022

HACIA UNA MAYOR ACCESIBILIDAD EN LAS RELACIONES DE CONSUMO


La Ley 4/2022, de 25 de febrero de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, se desarrolla dentro del marco de la Nueva Agenda Europea del Consumidor para el periodo 2020-2025. Supone la inclusión, por primera vez, de la figura de la persona consumidora vulnerable, que deberá ser objeto de especial atención, tanto por parte de las autoridades públicas como del sector empresarial y en las relaciones de consumo.

Dentro del concepto de persona consumidora vulnerable en sus actos de consumo, quedan recogidas todas aquellas situaciones en las que hay una desventaja, desprotección o subordinación frente al tejido empresarial, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus necesidades y circunstancias personales. Así, la Ley 4/2022 impulsa el desarrollo de un marco legal que permite corregir esas situaciones de indefensión, protegiendo a los colectivos vulnerables: menores, personas con distintos tipos de capacidad, de avanzada edad o escaso nivel de digitalización, entre otros.

Estos grupos sociales están particularmente expuestos a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información. La sociedad ha de ser consciente de que, actualmente, cualquier persona puede ser, en cualquier momento, un consumidor o consumidora vulnerable.

El etiquetado inclusivo es otra de las novedades introducidas por esta Ley. El Ministerio de Consumo garantizará la accesibilidad en etiquetados para personas con discapacidad visual y desarrollará reglamentariamente etiquetados que garanticen la inclusividad de las personas consumidoras vulnerables.

Adicionalmente, en coordinación con el Banco de España y representantes del sector de entidades de crédito, se adoptarán medidas para favorecer especialmente la inclusión de las personas de edad avanzada, que en España constituyen un alto porcentaje de la sociedad. Se favorecerá la inclusión financiera de este colectivo promoviendo, en el plazo de tres meses, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a las personas vulnerables que lo demanden, disminuyendo así los efectos de la llamada brecha digital.

Se crea, por tanto, un paraguas jurídico que garantiza que las relaciones de consumo se realicen en un escenario más transparente y seguro, teniendo en cuenta también los efectos de la pandemia. Además, establece un mandato a las administraciones públicas para ir orientando las políticas de consumo hacia estos fines. Se trata, en definitiva, de una ley muy positiva para el conjunto de la sociedad, ya que amplía sus derechos y vela por un mercado único más ecológico, digital y justo, fortaleciendo la confianza y toma de decisiones de los consumidores.

Beatriz Moreno Buendía

Letrada DS Legal Group