25-03-2022

ACCIÓN SUBROGATORIA PARA MEDIO MILLÓN DE EUROS


En el día de hoy analizamos una Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, en la que se ejercita la denominada acción subrogatoria. Esto es, la posibilidad que tiene la aseguradora condenada al pago de una cantidad, en virtud de resolución judicial, de reclamar las cantidades abonadas en tal concepto a los terceros responsables de los hechos.

En este caso, la paciente acudió a los servicios de su compañía aseguradora, y proveedora de servicios de salud, a causa de un mioma uterino con la finalidad de realizarse intervención quirúrgica consistente en la extirpación del útero, eligiendo al facultativo demandado para que le realizase la intervención de entre los facultativos que integraban el cuadro médico.

Realizada la primera intervención y extirpado el útero como estaba previsto, la paciente tuvo que ser intervenida, hasta en dos ocasiones más, a causa de las infecciones sufridas teniendo que extirparle los ovarios y las trompas, así como realizarle una hemicolectomía derecha y una resección del asa de intestino delgado.

A causa de ello, la paciente interpuso demanda frente a su entidad aseguradora y proveedora de servicios de salud, al considerar que el doctor que le realizó la intervención incurrió en una infracción de la lex artis, así como frente a su aseguradora de responsabilidad civil.

El Juzgado de Primera Instancia de Madrid, tras la valoración de la prueba pericial practicada, estableció que se produjo un error en el tratamiento quirúrgico dispensado al haberse ignorado los síntomas de pérdida importante de sangre e infección que sufría la paciente. Evidenciados en la analítica y en la exploración radiológica practicada, derivaban de no haber ligado o electro coagulado los vasos sanguíneos sangrantes y al haber lesionado el intestino por punción en la primera intervención quirúrgica. Asimismo, tras la segunda intervención se ignoraron los síntomas que presentaba la paciente los días siguientes, consistentes en dolor abdominal y febril, los cuales ponían de manifiesto la persistencia de la infección, siendo dada de alta sin prescribir el tratamiento antibiótico adecuado.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia de Madrid como la Audiencia Provincial de Madrid tras recurrir en apelación, condenaron a la entidad aseguradora y proveedora de servicios de salud al abono de la suma de 320.552,05 euros en concepto de lesiones y secuelas, así como al pago de los intereses legales del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro (en adelante LCS) que fueron liquidados en la cantidad de 142.858,05 euros.

Las sumas a las que fue condenada la entidad fueron abonadas por la aseguradora de responsabilidad civil.

A la luz de la Sentencia y conforme a la normativa, la entidad aseguradora que había abonado las cantidades a las que fueron condenadas ella y su asegurada, procedió a interponer demanda frente al facultativo que llevó a cabo las actuaciones negligentes y generadoras de la responsabilidad civil.

Procedemos a analizar la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid que resuelve el procedimiento en que se ejercita esta acción subrogatoria, la cobertura de la póliza de responsabilidad civil, la acción, la cuantía y el fallo de la Sentencia:

  1. Cobertura de los hechos por la póliza de responsabilidad civil de la entidad aseguradora y proveedora de servicios de salud.

En virtud de la póliza contratada entre la aseguradora de responsabilidad civil y su asegurada, quedan fuera de la cobertura las responsabilidades personales y directas de profesionales que no tengan con el asegurado una relación de dependencia laboral, no considerándose asegurados aquellas personas que no tengan con el tomador, o asegurado, una relación de dependencia laboral. Incluso aquellos que actúen, para y por, cuenta del tomador o asegurado.

Siendo ésta última la situación del facultativo para con la entidad aseguradora y proveedora de servicios de salud condenada, los hechos que dieron lugar al procedimiento quedan excluidos de la póliza contratada.

Esto es, habiendo procedido al pago la aseguradora de responsabilidad civil, ésta quedó subrogada en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones que su asegurada ostenta contra terceros causantes del siniestro conforme al art. 43 de la LCS, pudiendo ejercitar la acción subrogatoria frente al facultativo responsable de la intervención con el fin de recuperar las cantidades abonadas en concepto de indemnización por mala praxis.

2. Acción subrogatoria, determinación y alcance de la responsabilidad del facultativo

Como indicamos antes, la entidad aseguradora de la responsabilidad civil interpuso la correspondiente demanda de procedimiento ordinario frente al facultativo responsable de los daños causados a la paciente, en ejercicio de la acción derivada del artículo 43 LCS.

Para que prospere el ejercicio de la acción subrogatoria, establece la STS 699/2013 de 19 de noviembre (y así lo expone el Juzgado de Primera Instancia de Madrid) es necesario:

  • Que el asegurador haya cumplido la obligación de satisfacer al asegurado la indemnización dentro de la cobertura prevista en el contrato.
  • Que exista un crédito de resarcimiento del asegurado frente al tercero causante del daño, de modo que cuando no existe deuda a resarcir, a por parte de un tercero, no opera la subrogación (SSTS 14 de julio de 2004, 5 de febrero de 1998).
  • La voluntad del asegurador de subrogarse, como un derecho potestativo que puede hacer valer o no, según le convenga por lo que la subrogación no operaría ipso iure como preveía el Código de Comercio.

Tras realizar análisis del art. 43 de la LCS la Sentencia concluye que concurren los requisitos necesarios sin que le sean de aplicación ninguna de las exclusiones previstas para los supuestos de subrogación.

En cuanto a la posible responsabilidad de la entidad aseguradora y proveedora de servicios de salud, establece la primera sentencia condenatoria que no se aprecia ninguna clase de responsabilidad relativa a la falta de medios que le fuera imputable, sino que determina como responsable al facultativo demandado en este segundo procedimiento.

Esto es importante para determinar la cuantía a reclamar dado que, si el Juzgado en la primera sentencia hubiese determinado que sí existía responsabilidad de la entidad aseguradora y proveedora de servicios médicos, la cuantía a reclamar no sería del total abonado sino de la parte que correspondiese a la mala praxis del facultativo, restado la que Su Señoría apreciase por la culpa de la entidad.

  1. Cuantía del fallo

Conforme la normativa procesal, no es posible apreciar una calificación diferente de los hechos a la que se realizó en el procedimiento anterior. Por ello, de la cantidad abonada por la entidad aseguradora de responsabilidad civil en concepto de indemnización por lesiones y secuelas, debe responder íntegramente el facultativo responsable.

Respecto de la cuantía abonada en concepto de intereses del art. 20 LCS, Su Señoría dispone que no le son aplicables puesto que, de haber sido demandado inicialmente en el primer proceso, no se hubiera impuesto el recargo a que fue condenada la aseguradora por lo que no se le deben imponer en este proceso. Es decir, no se debe imponer en este proceso los intereses que la actora abonó por su propio retraso en el pago o la consignación de la indemnización.

Finalmente, en el fallo Su Señoría condena al facultativo a abonar a la entidad aseguradora de responsabilidad civil, la suma de 320.552,05 euros más los intereses legales de la reclamación judicial sin hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas procesales causadas. Cuantía de la que responderá la póliza de seguro de responsabilidad civil del Doctor, en los términos y condiciones pactados.

Rocío Quesada

Abogada DS Legal