06-05-2022

 CANAL INTERNO DE DENUNCIAS: UNA REALIDAD 


 

Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que introdujo el art. 31 bis en nuestro Código Penal relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la figura del compliance ha ido adquiriendo un creciente protagonismo en nuestro país. 

Desde entonces, las empresas son susceptibles de ser declaradas penalmente responsables. Así, pueden ser condenadas como autoras de determinada tipología de delitos, bien por no haber adoptado las medidas oportunas tendentes a evitar su comisión y/o bien por aminorar las consecuencias derivadas de ésta por parte de las personas que actúan en el ámbito o por cuenta de la compañía. De esta manera, las empresas pueden ser sometidas a penas tales como: 

  • La suspensión de la actividad. 
  • El cierre de establecimientos por plazo determinado. 
  • La disolución de la sociedad. 

Tan solo aquellas empresas que dispongan de un programa de cumplimiento normativo podrán ver eximida o atenuada su potencial responsabilidad. Siempre y cuando, éste cumpla con los requisitos estipulados en el art. 31 bis 5, entre los cuales se encuentra que los modelos de organización y gestión impongan la obligación de establecer un canal interno de denuncias. A través de este canal, se debe informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 

Como regla general, no existe una obligación legal de implementar un programa de compliance, siendo obvia su conveniencia al ser la única vía para optar a una eximente de la responsabilidad penal, aunque para que éste sea adecuado, nuestra legislación penal exige que disponga de un canal de denuncias.  

Sin embargo, la obligación de establecer un sistema de denuncias en el seno interno de las empresas públicas, y privadas, de más de 50 trabajadores ya es una realidad desde el pasado diciembre de 2021, con la aplicación de la Directiva Whistleblowing. 

Las organizaciones de más de 250 trabajadores deberían ya contar con el mismo, mientras que las de entre 50 y 249 han de implantarlo antes del 17 de diciembre de 2023.  

No obstante, con anterioridad a la aplicación de la antedicha norma europea, toda compañía que dispusiese de un compliance penal lo debería tener ya implantado, dando cumplimiento así a la Directiva. 

La normativa europea, además de exigir el establecimiento de los citados canales, establece un marco jurídico armonizado para los países de la Unión de cara a garantizar la protección de los denunciantes frente a posibles represalias de la entidad o de sus superiores. Se debe garantizar la confidencialidad y el anonimato sobre la identidad de los denunciantes, así como de aquellos terceros incluidos en la denuncia, además de la protección de los derechos durante todo el proceso.  

En el ámbito nacional, pese a que aún no se ha procedido a la transposición de la Directiva(UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, el pasado marzo se aprobó por el Consejo de ministros el Anteproyecto de Ley para transponer la antedicha norma “whistleblowers”.   

 

Aunque el Anteproyecto podrá ser modificado hasta la aprobación de su texto definitivo como Ley, entre las novedades introducidas respecto a la norma europea, destacan: 

  • La delimitación de conductas objeto de ser denunciables. 
  • La definición de las personas sujetas a protección. 
  • La creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante. 
  • La obligación de designar a un responsable de tal sistema interno.  

Además, en función de la gravedad de la infracción, las sanciones pueden ascender hasta 1.000.000 €, con una amonestación pública para aquellas superiores a 600.000 €. Es por ello que los sujetos obligados deben ser especialmente cuidadosos con la implantación de tal sistema interno, al arriesgarse no solo a cuantiosas multas, sino además a un evidente riesgo reputacional capaz de poner en peligro la supervivencia de la compañía.  

 

Silvia Zaro Ballesteros 

Letrada de DS Legal