10-06-2022

UNA LEY PARA COMBATIR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO 


El Consejo de ministros aprobó el pasado 7 de junio el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el desperdicio Alimentario, el cual ha sido remitido a las Cortes para que se efectúe el correspondiente trámite parlamentario. 

La norma, que se prevé que entre en vigor en enero del próximo año 2023, encuentra precedentes en varios países de la Unión Europea como son Francia e Italia y tiene por objetivo principal el de evitar el despilfarro de alimentos, fruto de un funcionamiento deficiente de los sistemas alimentarios. 

Esta norma afectará a todos los elementos de la cadena alimentaria -con salvadas excepciones- que estarán obligados a tener un plan específico para combatir esta situación. En caso contrario, se prevén sanciones encuadradas entre 2.000 y 60.000 euros, y que podrían llegar hasta los 500.000 euros en caso de que haya reincidencia. 

Además de lo anterior, este proyecto de ley tiene por objetivo el de concienciar a la ciudadanía, especialmente si tenemos en cuenta que -según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación- en nuestro país se produce una pérdida de alimentos del 20%, del que casi la mitad (40%) se da en la venta al por menor o en hogares. Visto de otra forma, durante el año 2020, en España, se tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, lo que supone una media de 31 kilos/litros y 250 euros anuales por persona (Fuente Consejo de ministros). 

El Proyecto de Ley prevé una serie de obligaciones y buenas prácticas para todos los agentes de la cadena alimentaria. Los principales fines son: 

  • Disminuir el desperdicio de alimentos mediante una gestión más eficiente de recursos. 
  • Sensibilizar, concienciar e informar a todos los agentes intervinientes. 
  • Fomentar la donación de alimentos garantizando la seguridad alimentaria, así como su trazabilidad. 
  • Promover la recuperación y distribución de excedentes con fines de solidaridad social, asignándolos como prioridad para uso humano. 
  • Favorecer la investigación e innovación en el ámbito de la prevención. 
  • Reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como la de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes. 

Así, todos los agentes de la cadena alimentaria deben disponer de un plan de aplicación para la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Además de llegar a acuerdos o convenios para donar excedentes de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social, otras organizaciones sin ánimo de lucro, bancos de alimentos (excepto en casos en los que resulte inviable) o establecimientos con superficie útil de exposición y venta al público inferior o igual a 1.300 m2. 

Por su parte, en el sector de la hostelería se incluyen entre las obligaciones más importantes la de ofrecer al consumidor -de forma clara- que pueda llevarse los alimentos no consumidos sin coste adicional empleando envases aptos para el uso alimentario. 

En definitiva, esta ley tiene por objeto la de reducir considerablemente las cantidades de pérdida y desperdicio alimentario que se producen en nuestra sociedad, como consecuencia del funcionamiento ineficiente de la cadena alimentaria y por la falta de concienciación social. Seguiremos de cerca el trámite parlamentario para conocer si efectivamente se despliegan los efectos contenidos en el Proyecto de Ley. 

Juan Luque Cabrera

Abogado DS Legal