07-09-2015

El Juzgado Mercantil N. 1 de Sevilla ha condenado a la Entidad Bancaria CAJA RURAL DEL SUR (Cláusula Suelo).


Sevilla.- Se interpone demanda contra CAJA RURAL DEL SUR, ejercitando acción individual de nulidad de condiciones generales de contratación, solicitando que se dictara sentencia en la que se declarase la nulidad de la cláusula “suelo” y la devolución de las cantidades cobradas en virtud de la misma.

La demandante ejerce dicha acción de nulidad alegando el carácter claramente abusivo de la condición que aparece en dos contratos de préstamo con garantía hipotecaria celebrado entre las partes, uno a tipo de interés variable por la que se establece un límite mínimo o “suelo “ del 3,75 %  y otro de un 4 %.

La afectada entiende que dicho carácter abusivo deriva de ser contraria a la buena fe, causar en perjuicio de los consumidores un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes y a la falta de transparencia y pide además la nulidad de la cláusula sobre intereses moratorios.

La parte demandada opone que estamos ante una condición general de la contratación, que la misma sea abusiva y no transparente, entendiendo que no procede devolución de cantidad alguna.

Ante estos alegatos de la entidad, el juzgador destaca que la STS de 9 de mayo de 2013 señala que la carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario a los consumidores, recae sobre el empresario y en ambos casos, la demandada afirma que la cláusula controvertida fue negociada entre las partes y no impuesta. No obstante, el juzgador considera que la demandada tenía en su mano haber aportado la prueba acreditativa de que la cláusula controvertida fue negociada, pero no lo ha hecho, por lo que debe estimarse que estamos ante una condición general de la contratación.

También la resolución judicial se refiere a la sentencia de 3 de marzo de 2015 la AP de Sevilla (Sección 5ª) que indica que las cláusulas usualmente denominadas “cláusulas suelo“, deben someterse a un doble control de transparencia. El primero relacionado con la inclusión o incorporación a tenor de las exigencias previstas en el artículo 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y el segundo, un control de transparencia, que exige que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real o razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato.

Por otra parte, la entidad demandada no ha acreditado el cumplimiento de la entrega de la oferta vinculante de préstamo al prestatario en ninguna de las operaciones.

En consecuencia, aun cuando la cláusula tenga una redacción clara y sencilla y en su inserción en el contrato se observe el orden lógico, lo cierto es que se encuentra inserta en un documento de lectura difícil y que no se han respetado las precauciones establecidas en la Orden Ministerial para garantizar la transparencia de la cláusulas que regulan los elementos esenciales del contrato, con lo cual afirma el juzgador que no puede considerarse superado en el presente caso el control de incorporación de la cláusula, y la consecuencia no puede ser otra, que la de su no incorporación al contrato y su nulidad conforme a los artículos 7 y 8.1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

La devolución de las cantidades como consecuencia de la nulidad de la cláusula suelo, debe regirse conforme a lo dispuesto en la STS (Pleno) de 25 de marzo de 2015, que señala:

Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013 , ratificada por la de 8 de septiembre de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013 “.

En consecuencia, en el fallo se ordena la devolución de los intereses que el prestatario hubiese pagado en aplicación de la cláusula anulada a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013.

En cuanto a los intereses moratorios, el contrato impugnado se fijó un 20 %, teniendo en cuenta que el interés pactado era un fijo del 3.50% para el primer año, si se toma como referencia el interés legal del dinero del momento en que se firmaron las escrituras (2006) como en el momento de la demanda (2014) como el presente, en los tres casos el 4%, debe concluirse que el interés es abusivo, y por tanto, debe anularse la cláusula.

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