09-10-2020

EL TS FIJA EN 5 AÑOS EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA RECLAMAR DEUDAS EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS


Las Comunidades de Propietarios se sustentan de las cuotas y demás pagos que realizan los comuneros que la forman, por ello, en ocasiones, hay que reclamar judicialmente a los vecinos que dejan de abonar sus obligaciones.

Esta actuación se lleva a cabo para que la comunidad pueda continuar su actividad sin incidencias, y para que la misma esté asentada en el principio de equidad, es decir, que cada comunero abone lo que le corresponde según el porcentaje de participación en ella.

Es muy importante conocer los plazos para reclamar la deuda, ya que existen posibilidades de que esta acción haya prescrito en el momento de presentar el escrito de inicio de procedimiento en el Juzgado.

La prescripción significa que el que tenía el derecho para reclamar, lo haya perdido por haber dejado transcurrir un plazo específico, de modo que se extingue la obligación que antes tenía el deudor. En resumen, ya no hay deuda reclamable.

Desde hace tiempo, las Audiencias Provinciales han venido decidiendo sobre la prescripción de este tipo de deudas de manera aleatoria. El debate ha tenido como base la aplicación del artículo genérico de prescripción, el 1964 del Código Civil, modificado en 2015, por unas Audiencias, o el 1966.3ª, que se refiere a los pagos que se realizan por años o plazos más breves, empleado por otras.

En cuanto al primero, se refiere a las acciones personales que no tienen señalado un plazo específico. El plazo establecido era de quince años hasta que fue reformado mediante la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, momento en el que pasó a ser de cinco años.

Desde ese año 2015 se ha explicado en infinidad de textos la forma de aplicar el artículo modificado. La sentencia de 20 de enero de 2020 hace un desarrollo completo de ello. No obstante, es necesario dejarlo plasmado igualmente en el presente con el fin de que el análisis sea completo.

La Ley 42/2015 desarrollaba una Disposición Transitoria para su aplicación que exponía que las acciones de este tipo nacidas antes de la entrada en vigor de la ley se empezaban a regir por lo expuesto en el artículo 1939 del Código Civil.

Dicho artículo expone que las acciones previas a la entrada en vigor de la ley obviamente se regían por el plazo de prescripción anterior, es decir, el de quince años, pero, si desde la entrada en vigor de la ley transcurría completamente el nuevo plazo de prescripción, de cinco años (sin interrumpirlo), se aplica este nuevo plazo (cinco años).

En resumen, se comenzaron a tener en cuenta tres fechas para la prescripción de estas acciones: la de entrada en vigor de la anterior ley, el 7 de octubre de 2015; el 7 de octubre de 2000; y el mismo día de 2005 y de 2015.

Obviamente no hay duda sobre las obligaciones nacidas a partir de la entrada en vigor de la ley el 7 de octubre de 2015: el plazo de prescripción de estas es de cinco años. Igualmente, las nacidas previamente al 7 de octubre de 2000 estarían prescritas a la entrada en vigor de la Ley. Pero surgía la duda con las surgidas entre 2000 y 2005, y las surgidas entre 2005 y 2015.

A las primeras se les aplica el plazo de quince años, dado que no había transcurrido el nuevo plazo (cinco años) como establece el artículo 1939 CC. Las segundas, prescriben, en principio, el 7 de octubre de 2020, es decir, cinco años desde la reforma del artículo, ya que sí había transcurrido el nuevo plazo de prescripción de cinco años.

Decimos en principio, porque con la declaración del Estado de alarma el 14 de marzo de 2020 mediante el Real Decreto 436/2020, se suspendieron los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos, por lo que los días de suspensión se tendrán que añadir a partir del día 7 de octubre de 2020, lo que hará que se amplíe el plazo de prescripción.

Sobre el segundo tipo de prescripción aplicado por las Audiencias Provinciales para las deudas de las comunidades de propietarios, recordemos, el del artículo 1966.3ª del Código Civil, de cinco años, no hay tanto que desarrollar, ya que, como se ha citado, se refiere a las obligaciones de pagos a plazos, aplicación que algunos Magistrados entendían correcta al ser el tipo de obligación del comunero fijada en la Ley de Propiedad Horizontal, siéndole aplicable igualmente lo expuesto sobre el Estado de Alarma.

Ahora que tenemos claro el significado de la prescripción y los dos tipos utilizados para resolver disputas del tipo que estamos desarrollando, debemos precisar si es posible saber cuál de las dos aplicar de manera concreta para las deudas de las comunidades.

La discusión se centra en las deudas anteriores a la entrada en vigor de la Ley 42/2015, ya que el plazo de dicha ley, de cinco años, es coincidente en ambos artículos mencionados, es decir, para las deudas posteriores al 7 de octubre de 2020 no existe desacuerdo.

Pues bien, no ha sido hasta el 3 de junio de 2020 cuando el Tribunal Supremo ha resuelto la controversia decidiendo que el tipo de aplicación aplicable no es el general, del 1964. sino el específico del artículo 1966.3ª del Código Civil.

Álvaro Gutiérrez
Letrado DS Legal Group