07-10-2015

Entregar el CI al paciente antes de una intervención no siempre es suficiente


Valencia.- Hay demandas contra profesionales sanitarios en las que pueden llegar a dictar varias sentencias, como veremos en este caso. Conocemos lo importante que, como siempre, es ofrecer una información completa y clara a los pacientes. Esa información tiene que ser previa a cualquier tratamiento y tener su continuidad en el tiempo, ofreciendo un consentimiento informado lo más adecuado posible para evitar futuras demandas que puedan afectar al patrimonio.

Una paciente demandó por daños y perjuicios al facultativo que la atendió y a su aseguradora reclamando un importe cercano a los 80.000 euros. La demandante entendía que el profesional sanitario no cumplió con el deber de información que tienen los médicos por ley. La paciente acusaba al doctor sobre estos hechos que ocurrieron cuando fue intervenida por laparoscopia para una reducción de estómago, mediante la colocación de una banda gástrica. Esta operación fracasó ya que volvió a engordar y tuvieron que volver a intervenir al apreciar que la banda estaba incrustada en el estómago.

El juez estimó en primera instancia íntegramente la demanda condenando a los demandados. Estos interpusieron un recurso de apelación solicitando la revocación de la sentencia, como así sucedió. El magistrado de la Audiencia señaló que pese a que quedaba probado el incumplimiento del deber de información, este no era generador de un daño que debiera ser indemnizado.

El magistrado indicó que no quedó acreditada la causa de la obesidad posterior a la intervención ya que la paciente perdió peso durante tres años, manteniendo el objetivo, por lo que la operación no se podía tildar de fracaso. Tampoco se demostró la causa de la rotura de la banda gástrica así como su incursión en el estómago. Por tanto pese a quedar acreditada la falta de información no se fijó una indemnización ya que no se pudo certificar un resultado lesivo por el acto médico, tal y como dicta la jurisprudencia.

Por otro lado las causas de la recuperación de peso podían ser el no seguimiento de la dieta, padecer un embarazo, un parto con diabetes gestacional o una litiasis biliar, por lo que no era imputable exclusivamente a la operación realizada por el doctor.

En vista de las conclusiones que alcanzó el juez exonerando al facultativo, la paciente presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Este órgano jurisdiccional confirmó que el daño que se le imputaba al facultativo no es el resultante de una intervención defectuosa, ya que los hechos probados en el juicio descartaron una negligencia médica. El daño en este caso resultó a causa de la omisión de información previa al consentimiento, ya que se materializó un riesgo del que la paciente no había sido informada.

En la sentencia se indicó que fue necesaria una nueva intervención para lograr la reducción de estómago ya que la paciente volvió a la situación de obesidad, más aún en este caso donde existía entre un 40 y un 60 por ciento de posibilidades de que recuperara peso. Las altas probabilidades de fracaso en la intervención hacían que una información correcta fuera de vital importancia para la decisión de la paciente. Aún así la falta de información no alteró el resultado, el cual fue bueno.

En consecuencia, a todo lo probado el Tribunal Supremo pretendió con esta sentencia generar doctrina. Entendió que independientemente de que la operación fuese un éxito, y no se produjera ningún daño en la paciente, lo cierto es que la omisión de información al paciente sobre las posibles consecuencias de una intervención y sus riesgos podían generar una responsabilidad en el médico. De la misma manera la entrega a la paciente del consentimiento informado poco antes de la operación no lo convierte más que en una mera autorización, ya que no cumplía ciertos requisitos mínimos como la explicación de la técnica que se realizó o el alcance y posibles riesgos de la operación. Por ello no se cumplió con el deber de informar de la manera correcta.

Con todo lo expuesto el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación condenando al facultativo y a la aseguradora a pagar los 80.000 euros que solicitaba la demandante.

Publicado en Gaceta Medica.