07-04-2020

INTERNAMIENTO FORZOSO EN LA CRISIS DE COVID 19 


 

¿Qué normativa utilizará el Gobierno para el internamiento forzoso?  

Cuando superemos la curva de contagios y el número de fallecimientos comience a desaparecer, nos enfrentaremos al reto de volver a nuestras anteriores vidas. El mayor desafío, será aplicar unas medidas que eviten un segundo brote de coronavirus 

El desconocimiento sobre la naturaleza y tratamiento del virus covid19 nos obliga a actuar con cautela. El final del confinamiento tendrá que ser gradual y entre otros  escenarios se plantea la realización de test masivos a la población y  la posibilidad de confinar a quienes sean positivos asintomáticos o leves.  

En su día China, ya puso en práctica sus famosas – Arcas de Noé- donde se mantenía a los contagiados leves, aislados del resto de la población. Instalaciones levantadas en apenas unos días que llegaron a albergar a miles de personas. 

En España se está planteando la posibilidad de aislar en hoteles o pabellones a aquellos que estén afectados por el virus, de forma asintomática o leve, para que así pasen la cuarentena sin contagiar a sus familiares o personas cercanas. 

El Gobierno anunció tal posibilidad, matizando que el internamiento sería voluntario. Pero el escenario de un internamiento forzoso, aunque excepcional, no está descartado, ya sea de forma colectiva o individualizada. 

¿Qué normativa podría utilizar el gobierno para declarar el internamiento forzoso por Covid 19? 

El pasado 14 de marzo de 2020, el gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020 por el que se declaraba el estado de alarma, régimen excepcional contenido en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.    

En el artículo 11 a) de la  mencionada Ley Orgánica, se establece la posibilidad de –“Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”-. 

Matizando lo anterior, el artículo 12.1 determina, que – En los supuestos previstos en los apartados a) y b) del art.4, la Autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas… 

Los antecedentes los tenemos en la gestión sanitaria llevada a cabo con la tuberculosis y la necesidad de llevar a cabo intervenciones judiciales para garantizar en ocasiones el cumplimiento del tratamiento. Hablamos como en el caso que nos ocupa, de una patología altamente infecciosa y transmisible. 

Inicialmente y frente al internamiento involuntario, está la libertad del individuo y su autonomía, contenida en los artículos 1.1; 10.1; 10.2 y 15 de la Constitución Española, la Ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente, la Ley 14/1986 General de Sanidad, así como el Convenio de Oviedo para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, de fecha  4/04/1997 y numerosa normativa internacional y comunitaria. 

Pero como en todo, hay excepciones y no debemos olvidar que ser portador de Covid 19 es un grave riesgo para terceros y si  es de forma masiva los vectores se multiplican.   

De hecho, la ley prevé como obligatoria la intervención del sujeto, cuando su actitud origine un grave riesgo para la salud pública. 

Lo tenemos reflejado en el artículo 9.2 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre -Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: 

  1. Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. 

 

Con estos  antecedentes y normativa vigente, ¿Cómo se fundamentaría el ingreso involuntario?  

Lo anterior nos lleva a la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril de Medidas Especiales en Materia  de Salud Pública.   

De hecho, en el artículo segundo de la mencionada norma se establece que  Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control, cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.-  

El artículo tercero, es más específico aún, determinando que – Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá  adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se considere necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. 

Tenemos por otro lado el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se  crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Entre la lista de enfermedades de declaración obligatoria sitúa entre ellas la -Gripe humana por un nuevo subtipo de virus- y dentro del Anexo II Modalidad de las declaraciones de enfermedades, menciona directamente la -Gripe humana por un nuevo subtipo de virus; SARS…;-  

La cobertura jurídica parece evidente , pero claro, depende del contexto en el que se aplique. Entramos en el difícil contexto de la proporcionalidad de medios. 

Si hablamos de un internamiento forzoso, individualizado, mediando la intervención judicial, como ocurre en los casos de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, (artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), tendríamos un protocolo de cómo actuar. Pero claro no es el caso, ni mucho menos se permite que ese procedimiento se haga de forma masiva.  

De hecho, la medida del internamiento obligatorio, parece más propia del estado de excepción, que en su artículo 20.5 establece que – “Podrá también fijar transitoriamente la residencia de personas determinadas en localidad o territorio adecuado a sus condiciones personales”. 

 

De hecho, el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria, menciona en su artículo 7 solo la limitación de la libertad de circulación de personas. No es tan restrictivo en los derechos fundamentales como lo es el estado de excepción.   

Si pasamos al ámbito administrativodesde el punto de vista burocrático a día de hoy, el gobierno, requeriría un proceso de toma de decisiones complejo, amparado por la normativa anterior, pero donde deberían estar involucrados, hospitales, instituciones públicas y juzgados, que tendrían que garantizar un seguimiento de los ingresos y posteriores altas. 

De momento este escenario, parece descartado, se confía en la responsabilidad de la población mediante los ingresos voluntariosPero si no fuera así, si la evolución de los contagios nos condena a un crónico estacionamiento de la pandemia, si no llega esa vacuna, quizá  tengamos que tomar medidas excepcionales. Pero siempre garantizados mediante la intervención judicial.       

     

 Ramiro Urioste Ugarte 
Abogado DSLEGAL