23-12-2022

Condena parcial por intervención estética


Análisis medicolegal de la sentencia notificada con motivo de la demanda previa interpuesta, por cuantía 180.000 € por los daños y perjuicios físicos, estéticos y psicológicos. Todos ellos derivados de una presunta mala praxis tanto en la intervención estética a la que la paciente se sometió. La operación consistió en:

  • Aumento de pecho.
  • Dermoplastia.
  • Liposucción de flancos.
  • Lifting de piernas.
  • Injerto en glúteos.
  • Postoperatorio.

Hechos para la condena

Los hechos nacen al acudir la paciente a la Clínica, la cual ofertaba un paquete comercial que incluía múltiples retoques estéticos. Tras haber adquirido el pack y someterse a las intervenciones, la paciente confirmó el fracaso de la intervención al retirarse la faja. Por ello, debió acudir a otros profesionales cuya valoración y única viabilidad fue la reintervención.  

La paciente dirigió su demanda tanto contra la Clínica, donde se llevaron a cabo las cirugías médicas, como contra su aseguradora. Y es así ahí donde se dirime el primer aspecto conflictivo de la demanda, y por ende de la sentencia. Nos referimos a las cuestiones previas planteadas por los demandados. Más concretamente, la legitimación y prescripción de los hechos: 

Así, respecto a la legitimación de las partes, Aseguradora y Clínica-Sociedad defendieron respectivamente que: 

  1. La aseguradora alegó una falta de legitimación pasiva al no ser aseguradora de la citada Clínica, ni su Sociedad, ni de los facultativos intervinientes. 
  2. La Clínica, por su parte, se sumó a dicha cuestión previa. Alegaron que eran exclusivamente un centro dedicado al tratamiento de la obesidad. La clínica únicamente realiza consultas médicas y no así tipo alguno de intervención quirúrgica. Finalizaron su argumentación en que estas se desarrollan en hospitales y por profesionales médicos independientes. 

Valoración del Tribunal

El Tribunal, respecto a la primera cuestión expuesta, entendió que aunque el contrato de intervención quirúrgica fue suscrito por una Sociedad no asegurada por la Compañía demandada, el mismo documento sí que figuraba firmado, sellado y cobrado por su asegurado: la Sociedad de la Clínica. Por ello, respecto al asegurado entiende que a los efectos actuó como propietaria y debía responder. 

En otro orden, la prescripción alegada por la Sociedad se basaba en que la acción se encontraba prescrita al momento de interposición de la demanda. Pues, había transcurrido más de un año desde el momento en que quedó determinada la incapacidad o defectos permanentes supuestamente originados. Sin embargo, tal excepción fue igualmente desestimada. Se entendió que la acción deriva de responsabilidad contractual con su plazo de cinco años (y no extracontractual y su plazo de un año como se alegaba). 

Establecidas ya las capacidades de las partes y la congruencia de la demanda en el tiempo de interposición, la Sala valoró la cuestión clínica de fondo. El consentimiento informado fue pieza fundamental en la valoración. 

Alegato de la paciente respecto a la intervención estética

Así, la paciente alegaba la insuficiencia del consentimiento informado. Éste le fue facilitado el día de la operación y que no pudo leer porque iban con retraso en el quirófano. Por ello, lo suscribió sin estar ni suficiente ni correctamente informada de los riesgos. Amen de lo citado, entendía que no se recogían los riesgos personalizados. Asimismo, los consentimientos informados no tenían firma de ningún facultativo. 

En el caso que se nos presentaba se enjuició que existía una infracción del deber de información. Además, se pudo comprobar que no figuraban fechados ni firmados por el profesional que iba a realizar la intervención. Tan solo por la paciente demandante. Todo ello permite considerar que dicha información no le fue facilitada con la antelación suficiente 

Con todo ello, el Juzgado entró a valorar la posible mala praxis derivada de la intervención. Se resaltó que la medicina no es una ciencia exacta. No se puede asegurar el éxito del resultado. En este caso, no existía prueba de una actuación negligente más allá de la no obtención del resultado esperado. Además, no existía tampoco prueba detallada de cuál es ese resultado que se pretendía obtener. Por ello, se entendió que el tratamiento era el adecuado y las operaciones se llevaron a cabo conforme a la lex artis.

Finalmente, y habiéndose acotado la responsabilidad del daño, el Juzgado valoró en último lugar la cuantía demandada y la condena. La demandante reclamó por cuantía ascendente a 180.000 €. Sin embargo, la sala entendía que debía centrarse en el daño moral. Éste consistía en la sustracción de la posibilidad de ponderar la conveniencia de someterse al tratamiento y a sus riesgos, y no en la mera cuantificación del daño corporal, físico o psíquico padecido. Es por ello que se consideró adecuado fijar una indemnización que comprenda: 

  • La devolución del precio pagado por la intervención. 
  • Los gastos del postoperatorio no prestado por la clínica y la consulta en una nueva Clínica. Ambas dos, debido a que no pudo volver al Centro demandado y haber perdido la confianza en el mismo.

Sentencia de la intervención estética

Por consiguiente, y habiendo expuesto la parte demandada su justificación de la buena praxis, y entender el Tribunal la existencias de la misma y que lo único reclamable es lo anteriormente expuesto, se estableció una condena parcial correspondiente a la cuantía de 9.500 €. Así, se rechazaron los 180.000 € que se demandaron. 

Álvaro Catalán

Abogado DS Legal