03-06-2020

LA DESCONOCIDA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS EN EL AMBITO DE SU ACTIVIDAD.


La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (“LO 5/2010“), introduce por primera vez en el Código Penal (“CP“) una regulación expresa de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos en su nombre por sus representantes, administradores de hecho o de derecho, trabajadores y/o empleados.

Años más tarde, dicha LO 5/2010 fue modificada mediante Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. Esta reforma de 2015 incluyó, entre sus novedades, la existencia de diversos atenuantes y eximentes para la persona jurídica, siendo los denominados modelos o programas de prevención de delitos parte fundamental de la exención de la responsabilidad penal.

Hasta la reforma del Código Penal la persona jurídica no podía ser responsable penalmente de los delitos que sus empleados o directivos pudieran cometer en el seno de la organización.

Entre sus novedades destaca el artículo 31.1 bis del CP que exige, para que la persona jurídica sea responsable penal de los delitos cometidos por los trabajadores y/o empleados, que éstos hayan podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. En sentido contrario, debe entenderse que las personas jurídicas no serán penalmente responsables si llevan a cabo unas adecuadas políticas de control sobre sus dependientes.

Para el caso de que no resultara de aplicación la consideración previamente indicada, el artículo 31.1 bis apartado 4 del mismo precepto contempla como atenuante de la responsabilidad de la persona jurídica, el haber establecido, antes del comienzo el juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la propia persona jurídica con la implantación del oportuno Programa de Cumplimiento Normativo. Así, el compliance penal es la respuesta que las empresas deben dar a las nuevas responsabilidades de la persona jurídica.

La responsabilidad penal de la empresa será aplicable, con independencia del lugar donde la persona jurídica tenga su domicilio social, cuando el delito haya sido cometido en territorio español o fuera de éste en determinadas circunstancias.

Actualmente, las personas jurídicas son susceptibles de responsables de hasta 26 categorías de delitos. Es probable que en el futuro aumente el número de delitos que pueden dar lugar a responsabilidad penal de las personas jurídicas, habida cuenta de las críticas realizadas por la doctrina al actual listado de delitos. En cualquier caso, esto es una cuestión de hecho que deberá ser valorada caso por caso.

Para que exista responsabilidad penal de la empresa es necesario que los delitos hayan sido cometidos en nombre o por cuenta de la misma, y en su provecho, por las siguientes personas físicas:

(a) los representantes legales y administradores de hecho o de derecho de la persona jurídica;

(b) los que estén sometidos a la autoridad de las personas definidas en el apartado anterior (Empleados) cuando concurran dos requisitos adicionales:

(1) que el delito haya sido cometido en el ejercicio de su trabajo y

(2) que hayan podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el   debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.

En este sentido, el artículo 33.7 CP recoge un número de penas que pueden ser impuestas a una empresa:

(a) multas;

(b) disolución de la persona jurídica;

(c) suspensión de sus actividades por un plazo de hasta 5 años;

(d) clausura de sus locales y establecimientos por un plazo de hasta 5 años;

(e) prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de 15 años;

(f) inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo de hasta 15 años;

(g) intervención judicial por un plazo de hasta 5 años.

 

Todo lo anterior, con la consiguiente pena reputacional, que en ocasiones puede conllevar la muerte súbita de la empresa.

Si algo ha demostrado la realidad empresarial de los últimos años, es que existe una clara e imperiosa necesidad de elaborar, aplicar e implementar sistemas internos para la prevención del delito en el ámbito de la empresa y por tanto de compliance penal.

Desde DS Legal Group, le ofrecemos el asesoramiento jurídico adecuado a cada caso particular, al objeto de que las empresas puedan evaluar posibles escenarios futuros de adopción de medidas preventivas en materia de cumplimiento normativo, que permitan la exoneración de responsabilidad empresarial en el ámbito penal.

 

 

 

Silvia Moya Moyano
Letrada de DS Legal Group.