26-10-2015

El seguimiento a través de la historia clínica, fundamental en la comprobación de los hechos


Valencia.- La historia clínica es un elemento vital en la defensa ante una reclamación médica. Este documento refleja la situación del paciente con el paso del tiempo, mostrando el desarrollo, los avances o complicaciones que se pueden dar en el historial médico de cualquier paciente. En este caso veremos cómo lo reflejado en la historia clínica ayudó a la reducción de una indemnización.

Una paciente reclamó a un odontólogo, que le trataba desde 2007, por daños y perjuicios durante la realización de un tratamiento de ortodoncia. La paciente alegó en la demanda que desde septiembre de 2009 comenzó a observar lentitud en la eficacia del tratamiento, así como anomalías dentales inexistentes anteriormente. Por estos motivos decidió visitar a otros especialistas que confirmaron sus sospechas. Ante estas segundas opiniones decidió dejar los servicios del demandado.

La paciente reclamaba una cantidad de 40.000 euros por el exceso de tiempo para alcanzar el resultado deseado, 10.000 euros por daños fisiológicos irreversibles y, finalmente, 5.000 euros más por el nuevo proceso de ortodoncia al que se sometió, así como el tratamiento psicológico por el que pasó a consecuencia del estado de ánimo que acarreaba por la falta de resultados.

El demandado mantuvo que el tratamiento se ejecutó de acuerdo a la lex artis ad hoc y que fue la ausencia de la paciente a las citas lo que provocó la escasa eficacia del tratamiento, negando la existencia de los daños reclamados.

Ambas partes aportaron informes periciales contradictorios entre sí. El escrito de la parte demandante apreciaba anomalías y defectos en el tratamiento aplicado, mientras que el informe de la parte demandada mostraba la dejadez de la paciente en las visitas y el mantenimiento de los aparatos. Esta situación llevó al acuerdo entre ambas partes para el nombramiento de un perito judicial.

El perito judicial emitió su informe en el que notificó que pudo existir un error en la cementación de los brackets. Además afirmó que el bracket de la pieza nº 21 estaba mal posicionado, produciendo la distalización del ápice de dicho diente por detrás de la raíz de la pieza nº 22. Esto generó la vestibularización de la raíz de este diente, con pérdida total de la tabla externa y retracción de la encía. Finalmente concluyó que al término del tratamiento no se consiguió el resultado fijado, en la arcada superior, en la historia clínica.

Además consideró que había existido una dejadez por parte del profesional ya que no realizó ninguna prueba para descartar una posible complicación ante la presencia de un bulto en la zona de la pieza nº 22, pudiendo así determinar si era necesaria la corrección o suspensión del tratamiento. El informe también señalaba que las alteraciones de posición exigían un nuevo tratamiento de ortodoncia, que ya tenía la paciente, y posiblemente injertos de tejido conectivo.

A la vista de este informe, la jueza concluyó que existió una actuación negligente por parte del facultativo, ya que durante el tiempo que la paciente llevó el aparato se apreciaron alteraciones como el entrecruzamiento de las piezas 21 y 22 y la vestibularización de la raíz de la pieza 22.

También se definió que los malos resultados eran consecuencia de las faltas prolongadas de la demandante a las citas de control y mantenimiento. Gracias a la historia clínica se apreció que desde la colocación de los brackets, en 2007, hasta 2009 no faltó a ninguna cita. Sin embargo en esta última cita la paciente mostró su desconfianza ante los resultados que apreciaba, por lo que dejó de acudir a las citas y contribuyó al fracaso del tratamiento.

Con toda la documentación la jueza concluyó que la causa de los males que padecía la demandante era consecuencia del tratamiento aplicado por el doctor demandado, que no tomó las medidas adecuadas en vista del desarrollo del tratamiento. Acreditando la responsabilidad del facultativo se estimó parcialmente la demanda, debido a que la paciente dejó de acudir a consulta, condenando al profesional sanitario al abono de una cantidad de 24.000 euros por los daños concretados por el perito judicial.

Publicado en Gaceta Medica.