13-10-2015

¿Qué necesito para no ser condenado en un juicio?


Madrid.- Un centro odontológico fue demandado por una de sus pacientes, quien solicitaba una indemnización de 50.000 euros. El montante económico que se pedía era a causa de los daños físicos, psicológicos y morales sufridos, así como por los tratamientos seguidos para reparar dichos daños.

En la primera instancia no se dio la razón a la paciente por lo que interpuso un recurso en el que alegaba que en este primer juicio se realizó una valoración incorrecta de la prueba. Según ella no se tuvo en cuenta la declaración de los dos peritos que aportó la parte denunciante. Por su parte la Audiencia Provincial consideró que este motivo no podía ser apreciado ya que uno de los peritos reconoció que la paciente acudió a su consulta sin terminar el tratamiento en la entidad demandada, así como que los siete implantes realizados estaban correctamente osteointegrados.

El otro perito manifestó que existió mala praxis al realizarse un tratamiento incorrecto, aunque reconoció que nunca había realizado implantes en su vida profesional. Según este perito era necesaria la realización de un TAC de manera previa a la estrategia de rehabilitación, por ello consideró que la planificación no fue la adecuada. Además reconoció que lo afirmado tan solo era una recomendación de una guía especializada, ya no que existía normativa que dijera nada al respecto.

La Audiencia resaltó que las dos pruebas, que según la demandante habían sido incorrectamente valoradas, eran contradictorias con las declaraciones de los peritos de la parte demandada, ambos expertos reconocidos en la realización de implantes y este tipo de tratamientos.

Uno de ellos, que manifestó realizar entre 600 y 1.000 implantes cada año, manifestó que el tratamiento que se le realizó a la paciente fue correcto teniendo en cuenta la estructura ósea y los problemas dentales con los que acudió al médico.

Además el perito del centro médico concretó que el tratamiento bucal era funcional y no estético y que la técnica empleada fue la correcta. El plan de tratamiento fue un implante inmediato con prótesis, colocándoselas en el lugar del diente extraído. Él declaró que la técnica no requería hacer un TAC y que no existió ningún tipo de mala praxis.

El otro perito aportado por lo demandados, especialista en implantología, consideró que el tratamiento se realizó correctamente y fue la paciente la que lo abandonó antes de la finalización. El experto aseguró que la planificación del tratamiento con osteopantografía fue correcta, sin necesidad de realizar un TAC, que queda al criterio del profesional. De la misma manera afirmó que la no realización de dicha prueba no implicaba una mala praxis.

En referencia a todas las manifestaciones pronunciadas en el juicio la Audiencia estimó que no quedaba acreditada la mala praxis, ni la imprudencia, ya que los alegatos realizados por los peritos aportados por la paciente fueron desvirtuados por los argumentos de los expertos de la parte demandada, quienes acreditaban una experiencia profesional más amplia dentro del campo de la implantología.

La paciente alegó también la falta del deber de información. Fundamentó esta acusación en que firmó el consentimiento informado el día en que se inició el tratamiento, sin tiempo para reflexionar. La Audiencia señaló que se probó que la información se realizó de forma correcta tal y como habían manifestado los peritos. Destacó en el escrito de la demanda que la paciente negó que se le entregara y firmara el documento, pero en la contestación del centro odontológico se incluyó el consentimiento informado completo.

En consecuencia la Audiencia desestimó el recurso de apelación interpuesto frente a la primera sentencia, ratificando así la resolución previa.