15-09-2015

Los abogados especialistas, fundamentales en la reducción de las indemnizaciones.


León.- En muchas ocasiones vemos cómo las reclamaciones contra los profesionales sanitarios incluyen unas peticiones indemnizatorias millonarias. Observando esto podemos darnos cuenta de la importancia que tiene un seguro de responsabilidad civil profesional que se hace cargo de dichas cuantías, además de lo importante que son los abogados especialistas para tratar de reducir esas cantidades a números mucho más adecuados a la realidad.

Una paciente demandó al médico que la intervino. La demandante solicitaba 140.000 € en concepto de indemnización por daños y perjuicios debido a la vulneración de la lex artis ad hoc. La denuncia se fundamentaba en las actuaciones supuestamente negligentes del facultativo, la incorrección del consentimiento informado, así como la falta de diligencia para obtener un diagnóstico al no realizar una radiografía donde se hubiera visto la rotura del fémur y de esta manera haberla tratado de una manera precoz.

La paciente alegó que fue sometida a una operación consistente en la implantación de aloinjerto en nomotúnelosteosintetizado con tornillos reabsorbibles, extrayéndola dos grapas que sujetaban el ligamento anterior del fémur. Tras la intervención comenzó a sufrir intensos dolores que no mejoraban con los analgésicos, por lo que acudió al doctor para informarle sobre los insoportables dolores que le impedían realizar ejercicios en casa. Ante esta situación el facultativo mandó a la paciente a un fisioterapeuta, iniciando una rehabilitación de 41 sesiones.

El dolor continuó ante lo que la paciente acudió a su doctor de cabecera para ser remitida al traumatólogo, que la envió a un hospital donde se le realizó una radiografía. Esta prueba determinó que tenía el fémur roto, mal consolidado y doble angulación. La paciente se lo comunicó al doctor demandado quien no dio importancia a este nuevo diagnóstico.

El juez de instancia desestimó la demanda al concluir que según la historia clínica la evolución fue normal y no se apreció inflamación tras la intervención, además de una flexión aceptable. Por otro lado, no constaba que la causa de la asistencia al médico de cabecera fuera el dolor. En relación a la rotura de fémur no se apreció cuándo pudo fracturarse, no siendo creíble que fuera durante la operación, además uno de los peritos concluyó que el tratamiento hubiera sido el mismo detectando la fractura antes o después.

La paciente recurrió la sentencia al entender que la prueba fue valorada erróneamente. En consecuencia la Audiencia Provincial concluyó en referencia a la denuncia de incorrecto consentimiento informado que pese a algunas deficiencias, el propio documento especificaba el riesgo de rotura. Por tanto si la rotura se produjo durante o después de la intervención no podía establecerse la necesaria relación de causalidad entre las deficiencias del documento y el resultado lesivo.

En cambio fue diferente la valoración del abordaje terapéutico de la fractura por parte del demandado. Sobre este tema la Audiencia fue contraria al juez de instancia considerando que el médico incurrió en falta de diligencia al no darle importancia a los dolores, los cuales no incluyó en la historia clínica y no tuvo en cuenta para prescribir la realización de una radiografía.

Finalmente quedó acreditada la responsabilidad del facultativo por falta de diligencia ya que no suministró los cuidados necesarios conforme a la lex artis ad hoc y no tomó en cuenta los síntomas que eran reveladores de rotura ósea, según manifestaron los peritos.

Es importante destacar que la labor de los abogados que defienden las actuaciones de los médicos muchas veces consiste en rebajar las pretensiones indemnizatorias de la parte contraria. En este sentido la paciente incluía entre otros conceptos las lesiones temporales y permanentes, el daño estético, los daños psicológicos, el dolor que limitaba la deambulación, los gastos médicos, las secuelas y los daños morales. Este último punto fue desestimado en este caso por lo que la indemnización quedó finalmente en 16.000 €, una cifra muy inferior a los 140.000 € que solicitaba la demandante en su demanda inicia

Publicado en Gaceta Médica.