14-10-2015

Nueva sentencia a favor de los afectados de las acciones de BANKIA.


Madrid.- El Juzgado de Primera Instancia N° 6 de Móstoles dicta sentencia en favor de afectados de BANKIA SA., en base a la demanda de Juicio Verbal en ejercicio de acción de anulabilidad del contrato en cuya virtud adquirieron 266 acciones para cada uno de sus hijos y acuerda el consiguiente reintegro entre las partes de las prestaciones recíprocas.

En este caso, se ha ejercitado la acción de nulidad de dos contratos de adquisición de 266 acciones de BANKIA SA., por un valor de 997,5 Euros cada una de ellas en razón de las órdenes suscritas por los demandantes, en nombre y representación de sus hijos menores de edad, interesando la restitución de la suma de 1.995, más intereses desde la inversión y la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales por la entidad demandada.

Alegan que existió un error invalidante en el consentimiento prestado, habida cuenta que por parte de la entidad se les ofreció la adquisición de acciones manifestándoseles que era un producto seguro, que no existía posibilidad de pérdida ya que BANKIA era una entidad solvente y saneada, lo que resultó un engaño toda vez que la situación patrimonial reflejada en el Folleto registrado en la CNMV con fecha 29 de junio de 2011, nada tenía que ver con la situación financiera real que culminó con el rescate de la entidad bancaria.

La entidad demandada se opone a la pretensión invocando la existencia de prejudicialidad penal y, subsidiariamente, la ausencia de error en el consentimiento, ya que las acciones admitidas a negociación en mercado secundario son un producto no complejo, siendo de común conocimiento que una acción implica volatilidad, y además a los demandantes se les entregó el Resumen del Folleto informativo, en el que se advierten los riesgos de la compra del producto, con lo cual de existir error sería inexcusable.

Sobre la prejudicialidad penal que invoca la demandada, a tenor del artículo 40.2.2° LEC, por estarse siguiendo en el Juzgado Central de Instrucción n° 4 Diligencias Previas n° 59/12, la juzgadora ha considerado que no debe acordarse, ya que no puede afirmarse que la decisión en el ámbito penal tendrá una repercusión directa y decisiva  sobre la decisión a adoptar en este procedimiento civil que nos ocupa, y ello porque si la imagen de solvencia que ofreció Bankia no se correspondía con la realidad, no es preciso que exista un previo pronunciamiento penal que determine que ello fue constitutivo de delito o quienes sean sus autores y cuáles son sus responsabilidades penales.

En esta decisión, la juzgadora ha seguido el criterio establecido por nuestros tribunales en casos similares, citando el auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7ª, de fecha 1 de diciembre de 2014, para un supuesto en el que se ejercitaba la acción de nulidad contractual por dolo o, alternativamente,  error en el consentimiento en relación con la suscripción de “Acciones Bankiaen fecha 19 de julio de 2011 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena, de fecha 8 de mayo de 2015, relacionada también con el caso Bankia.

En relación a la acción de nulidad de la compra de acciones Bankia por vicio en el consentimiento, ha considerado la juzgadora que para el enjuiciamiento del caso se ha de partir de que existe una obligación clara y taxativa de la entidad demandada de informar de forma correcta a su cliente de los riesgos y consecuencias económicas del producto, tal como lo ha señalado  la reiterada jurisprudencial, citando entre otras, la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 20 de enero de 2014 que ha fijado doctrina sobre el deber de información del banco al cliente y se puede resumir en que dicho deber incluye una información comprensible y adecuada del producto financiero, que necesariamente ha de incluir orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos, de cuya comprensión por el cliente debe cerciorarse la entidad financiera.

Aplicando esto al caso concreto, se evidencia de la prueba obrante en autos que la orden de suscripción no contiene información alguna al cliente, sino una remisión genérica, en letra pequeña, donde se señala que el ordenante declara haber recibido información sobre el instrumento financiero, siendo que de este documento no pueden vislumbrarse los riesgos inherentes a la adquisición de acciones Bankia.

Así las cosas, la juzgadora concluye que no consta suficientemente acreditado que se informara al cliente de los riesgos de manera comprensible, y esta falta de información hizo que los demandantes prestaran su consentimiento para la celebración del contrato sin ser conscientes del verdadero significado y alcance de aquello a lo que se obligaba.

Por otra parte, resulta notorio que la imagen de solvencia que Bankia proyectó cuando efectuó su oferta de suscripción de acciones y su salida a la bolsa en fecha 20 de julio de 2011, no era correcta y no era reflejaba su verdadera situación económica, con lo cual se dio al inversor una apariencia de errónea solvencia cuando está más que acreditada la situación de rescate financiero el día 25 de mayo de 2012.

Esto lleva a concluir que la parte demandante prestó su consentimiento para la celebración del contrato sin ser consciente del verdadero riesgo que asumía, lo que se considera un error del consentimiento prestado que debe calificarse de esencial y excusable y en consecuencia, invalidante del consentimiento, por lo cual considera la juzgadora que debe estimarse la pretensión ejercitada por la parte actora y la declaración de nulidad de la Orden de adquisición de Acciones de Bankia, debiendo ser la consecuencia la recíproca restitución de las prestaciones con los intereses, es decir, la cantidad invertida por la actora ha de serle devuelta y por su parte, la parte demandante deberá proceder a la devolución de las acciones suscritas.

… redacción @DSLegalGroup