23-06-2020

TASA COVID, ¿ES LEGAL?


Durante estas últimas semanas de desescalada que estamos viviendo y, en consecuencia, la progresiva apertura de establecimientos de acceso público de toda clase, es posible que nos hayamos percatado de un incremento en el precio final del tique debido a la inclusión de la tan famosa “tasa o suplemento Covid”, incremento que el establecimiento comercial en cuestión argumentará como desinfección o servicios complementarios que se tienen que llevar a cabo para evitar el contagio de coronavirus. Sin embargo, también es común que nos preguntemos: ¿A qué se debe este recargo sobre el precio? ¿Es legal?

Recientemente ha llegado a nuestros oídos como algunas residencias de la tercera edad, centros educativos privados, restaurantes, clínicas dentales o peluquerías han engrosado el precio de sus servicios mediante un recargo o tasa con motivo del aumento de gastos que están sufriendo en aras de mantener las condiciones higiénicas óptimas establecidas, tales como productos desinfectantes o equipos de protección individual de obligado uso para todo el personal laboral.

Este aumento de gastos junto con la situación crítica financiera que ha originado esta crisis sanitaria puede suponer una clara falta de rentabilidad para muchos de estos establecimientos que abogan por añadir este suplemento de cara a aumentar sus actuales ingresos.

La clave para esclarecer la legalidad o ilegalidad de este tipo de suplementos consiste en determinar si se consideran servicios necesarios o servicios optativos para el consumidor.

Así, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 89 no deja lugar a dudas sobre la consideración como cláusulas abusivas las siguientes:

  1. “La imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados

  2. “Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación”.

Esto es, si bien es un hecho constatado que la práctica de estas medidas higiénicas supone un incremento de gastos para los establecimientos comerciales, también no cabe lugar a dudas que estas medidas son de obligado cumplimiento según la normativa actual y por ende, haciendo alusión al precepto anteriormente transcrito, no son prestaciones adicionales que puedan ser aceptadas o rechazadas por el consumidor, siendo este motivo por el cual un incremento de precio por este tipo de prestación supone una cláusula abusiva e ilegal, pudiendo considerarse que los establecimientos que hacen uso de la imposición de este tipo de recargo están llevando a cabo una infracción administrativa susceptible de la correspondiente sanción.

No obstante lo anterior, hay organizaciones que exponen opiniones contradictorias, no considerando que esta tasa sea ilegal en todos los casos, sino que depende de la actividad comercial en concreto que realice el establecimiento, debiendo estudiarse el caso en cuestión para determinar si estas medidas de higiene se han instaurado como un servicio independiente a la propia actividad, como puede ser el supuesto de los establecimientos de hostelería o comercios, o si, por el contrario, estas condiciones de higiene y asepsia ya eran inherentes a la propia actividad como puede ser el caso de los centros médicos, centros estéticos o clínicas dentales.

La polémica generada en estos últimos días sobre el abuso que supone esta práctica para los usuarios y consumidores ha sido denunciada al Ministerio de Consumo, cuya Dirección General se ha pronunciado al respecto en los términos anteriormente expuestos.

El Ministerio ha señalado que “incluir los gastos de higiene o limpieza en una factura supondría que el consumidor debe hacerse cargo de unas obligaciones que competen exclusivamente al proveedor del servicio y por ello podría ser una cláusula abusiva, al imponer al consumidor un servicio no solicitado y no susceptible de aceptación o rechazo por parte del cliente, aunque hubiera sido informado previamente”.

Si tiene dudas sobre la legalidad de cobrar este suplemento o de la obligatoriedad o no de abonarlo, en Ds Legal Group contamos con abogados especializados que atenderán y resolverán cualquier tipo de reclamación o incidencia motivada por la imposición de este tipo de cláusulas.

Mercedes Pérez
Letrada DS Legal Group