Son varias las sentencias que vienen pronunciándose respecto a la vulneración de los principios de equidad, justicia y capacidad económica en aquellos casos en los que no existiendo un incremento del valor del bien de naturaleza urbana el contribuyente se ha visto obligado a abonar el impuesto comúnmente conocido como plusvalía municipal, destacando entre ellas las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero y 1 de marzo de 2017, correspondientes a las normas forales de Guipúzcoa y Álava, respectivamente.

En el mismo sentido se ha pronunciado la resolución dictada hace escasos días el Alto Tribunal, concretamente el 11 de mayo, haciendo extensible a todo el territorio nacional la consideración de las sentencias referidas anteriormente sobre el citado impuesto, entendiendo que el mismo vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en la que se vincula su pago a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo y no a la existencia de un incremento real del valor al momento de la transmisión, abriendo así la puerta a que miles de afectados por este gravamen reclamen sus derechos frente a las entidades locales que han recaudado dicha plusvalía sin que realmente haya existido un incremento de patrimonio.

El plazo para recurrir dependerá de si es el Ayuntamiento el que ha dictado la liquidación o de si es el contribuyente el que ha presentado la autoliquidación, siendo para el primer caso el mismo de un mes y de cuatro años para el segundo, debiéndose agotar en primer lugar la vía administrativa para poder acudir posteriormente a la vía judicial.

 

 

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